Tras un allanamiento, se llevaron los aparatos con los que la empresa Setron labraba multas y las derivaba al Tribunal de Faltas de Salsipuedes.El fiscal Carlos Matheu, de la Fiscalía de Distrito 3, Turno 6, ordenó a la División de Delitos Económicos de la Policía de Córdoba que allane las sedes municipales de Estación General Paz y de Salsipuedes y que secuestre documentación vinculada a la aplicación de multas de tránsito sobre la Ruta Nacional 9.
El procedimiento tuvo lugar durante la tarde del jueves con efectivos policiales que fueron acompañados de personal judicial e incluyó el registro de la Oficina de Tránsito de General Paz y los domicilios particulares del jefe comunal, Carlos Borgobello, y del tesorero. De la comuna se llevaron, cajas con documentación, los convenios con Salsipuedes, las cámaras que se utilizaban en la ruta para captar infracciones, y los balances de la administración local, según trascendió.
Paralelamente, se allanó en Salsipuedes la dependencia del Tribunal de Faltas para obtener los datos disponibles vinculados a aplicación de multas y gestión de cobro.
La causa fue iniciada de oficio -sin mediar denuncia alguna- por Matheu después de unas publicaciones del diario La Voz del Interior: "Sobre todo por la definición dada en una de esas notas por la Dirección de Prevención de Accidentes de Tránsito de la Provincia, en la que admitía que ninguno de esos sistemas cumplía con la ley", señaló el funcionario judicial.
Declaraciones de Borgobello
Durante toda la mañana del viernes, el jefe comunal de General Paz, Carlos Borgobello, se la pasó atendiendo los llamados de los medios de comunicación.
La máxima autoridad de la vecina Municipalidad confirmó que se presentará espontáneamente ante Tribunales II para ponerse a disposición de las autoridades judiciales ante cualquier inquietud sobre la metodología con que vinieron actuando hasta el retiro de los aparatos.
Borgobello señaló que están dispuestos a utilizar un sistema alternativo para el control del tránsito y la seguridad vial en el pueblo, pero que necesitan una respuesta a alguno de los pedidos que formularon ante Vialidad Nacional sobre obras en el tramo de la ruta nacional 9 que los atraviesa. Entre los proyectos presentados, mencionó reductores de velocidad, rotonda, semáforos inteligentes, pasarela elevada peatonal, dársenas, entre otros, peticiones para las que no tuvieron ninguna respuesta hasta hoy.
“Volvieron a dejar abierta la muralla de la muerte, como le digo yo, más allá de que tenemos tres inspectores que vigilan 12 horas por día. Así y todo resulta imposible controlar todas las infracciones que se realizan”, señaló Borgobello.
Respecto de los motivos por los que se realizó el procedimiento, el jefe comunal estimó que cree que a la Provincia le molestó el mecanismo a través del cual recaudan y que le quita protagonismo al de la Policía Caminera.
“Las infracciones se cometían, independientemente de que esté pendiente la discusión sobre la legalidad del mecanismo”, concluyó Borgobello.
General Paz le depositó a la Provincia, según su jefe comunal, el 10 por ciento que corresponde y que en algunas ocasiones llegó a representar una suma cercana a los 100 mil pesos.
La Municipalidad recibía, entre 300 y 400 mil pesos anuales en concepto de multas, resultante del porcentaje que acordó con la empresa Setron S.A que se quedaba con el 70 por ciento de lo recaudado. Aun así, ese monto le sirvió para la realización de innumerables obras públicas para la localidad, entre ellas, el edificio municipal en dos plantas que tiene unos 400 metros cuadrados construidos.
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