El jueves por la noche en el edificio municipal se reunieron representantes de la comunidad jesusmariense con las máximas autoridades policiales de la región para plantear la preocupación por el incremento en los hechos delictivos que se registraron durante los últimos 20 días y que motorizaron la movilización de vecinos de barrio Sarmiento con corte de calle incluida.
El encuentro sirvió para generar un nuevo reclamo a las autoridades provinciales sobre recursos y materiales para la fuerza de seguridad.
Reacción de la comunidad jesusmariense ante seguidilla de hechos delictivos
Norma Torres, de barrio 17 de octubre se quejó porque dice que en su barrio cuando hablan al 101 los atienden mal o no los atienden o quien los atiende no sabe dónde está el barrio ni sus calles.
Héctor Bie, comerciante, señaló que con 4 móviles policiales resultará imposible patrullar una ciudad tan grande como Jesús María que tiene más de 35 mil habitantes.
Luis Pace, también comerciante, insistió en saber con qué cantidad de efectivos cuenta la comisaría de Jesús María para cubrir el servicio y no recibió una respuesta concreta sino alguna aproximación.
Una vecina de barrio San José Obrero, de la que reservamos su identidad, reveló que uno de los grandes problemas en su sector en que creció de modo alarmante el consumo de drogas y preguntó qué se hará al respecto.
Atilio Carignano, presidente de la Sociedad Rural, dijo que también tendría que pedir por el patrullaje rural pero entendía que el problema en la zona urbana era más acuciante. El dirigente ruralista les hizo reconocer a las autoridades policiales presentes que no cuentan con los recursos suficientes como para ofrecer una respuesta integral al problema de la inseguridad.
Jorge Ceballos, presidente del centro vecinal de 17 de octubre, mencionó como problemática a resolver la importante cantidad de menores de 16 años que andan sin control después de la medianoche y molestando en distintos sectores.Pablo Souberán, otro comerciante que estuvo en la reunión que se realizó el jueves pasado por la noche, se quejó de las evasivas que ofreció el jefe de la Unidad Regional Departamental Colón, comisario Mayor Héctor Garis, ante muchas de las preguntas como las que se señalaron precedentemente en este relato.
María Elena Cárdenas, presidenta del barrio Los Nogales, preguntó por qué no patrullan o envían policías a caminar los barrios y señaló los hechos de hurto que viene padeciendo el personal de Gendarmería que vive en el barrio y que durante el día deja sola su casa para ir a trabajar.
El propio intendente Gabriel Frizza declaró que si había que dibujar un mapa delictivo abarcaría toda la ciudad y todos los barrios. Lo que podría haber sido un exabrupto de la máxima autoridad de la ciudad no fue desmentido por las autoridades policiales. Frizza confirmó que ninguna de las promesas que le formuló el ministro de Seguridad en la reunión que mantuvo hace dos meses se cumplió hasta el momento.
Quedó claro que ni siquiera se están utilizando las alarmas comunitarias en los barrios y que hay preocupación creciente por la violencia con la que se están realizando algunos hechos.
A modo de defensa, el comisario Garis ofreció una estadística sobre la actuación policial en lo que va del año y se transformó en la nota inédita de la última década ya que ninguno de sus cinco antecesores brindaron información estadística sobre actuación policial.
Al igual que en las demandas comunitarias de marzo de 1999, marzo de 2000, mayo de 2004, junio de 2006, abril de 2007, noviembre de 2007, noviembre de 2008, y noviembre de 2009, por citar las más enérgicas, las respuestas que pudo ofrecer la Policía no dejaron satisfechos a quienes reclaman acciones concretas.
Se decidió, mientras tanto, reformular un reclamo de todos los sectores a las autoridades provinciales para que envíen más móviles y más recursos humanos como aspecto prioritario. De otro modo, quedó claro que la Policía local poco podrá hacer para frenar el avance del delito en nuestra región.
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