El legislador del Frente Cívico, César Seculini, explicó su postura frente a la reestatización de la Red de Accesos a Córdoba y las consecuencias que tendrá para la zona y para el conjunto de los cordobeses.¿Cuáles fueron las razones por las que se opusieron a la reestatización de la RAC?
- Queremos dejar aclarado que con la reestatización de este servicio público estamos, en principio, de acuerdo, cuestión que por los notorios incumplimientos de Caminos de las Sierras se debería haber hecho mucho antes, pero con lo que no estamos de acuerdo es con la reestatización a cualquier precio. Por eso, el principal argumento para rechazar esta ley fue por el acuerdo al que finalmente arribó la Provincia con esta empresa, en particular, por el costo económico que encierra y que tendremos que afrontar, primero, todos los cordobeses con recursos del presupuesto y, después, con un mayor precio del peaje para los que usan estas rutas. Todo esto sin saber como se afrontarán las obras que faltan completar en casi toda la RAC.
Además, porque esta concesión se hizo con un conjunto de empresas que se financiaron con préstamos en moneda extranjera para hacer la inversiones antes que con capital propio. En ese estado se encontraba Caminos de las Sierras cuando se produjo finalmente la salida de la convertibilidad en 2001, y fue lo que le generó un importante aumento de sus deudas, situación que hasta la actualidad no pudo revertir.
Y en esto hay que decir que la Provincia no tuvo demasiada incidencia por tratarse de una decisión política surgida del orden nacional, aunque sí tuvo otras responsabilidades que se le pueden achacar como, por ejemplo, la falta de un seguimiento más estricto para hacer cumplir el contrato, en especial con el tema de las obras inconclusas y también por no pedir oportunamente la rescisión de la concesión cuando tenía causas justificadas para hacerlo.
La situación a partir del 2002 llevó a la empresa a denunciar permanentemente el quiebre de su ecuación económica financiera, limitándose solo a tareas menores de mantenimiento.
El tema de la red de accesos al área metropolitana de Córdoba, es para nosotros estratégico, no sólo porque se deberían garantizar rutas seguras, rápidas y de fácil acceso, sino también para asegurar una mejor comunicación e integración entre todas las ciudades del Gran Córdoba. Esta cuestión entendemos entonces que debe ser brindada por el Estado por los benéficos que tiene implícitos y no por privados que buscan con esto explotar un negocio con riesgo nulo o casi nulo.
¿Durante la discusión en la legislatura se habló de elevar el precio del peaje a cinco pesos para los corredores productivos?
- En esa sesión no se habló de cifras determinadas sobre el monto que pueden llegar a tener los peajes a partir de que la Provincia se haga cargo de esta empresa. Sí se dijo desde nuestro bloque que, seguramente, para sanear a la empresa y pagar la deuda contraída con este acuerdo, el gobierno tendrá que ajustar el precio de los peajes más temprano que tarde. Allí, se planteó que los corredores donde está el peaje en dos pesos subirían a tres y los que están en cuatro se irían a cinco. Suponemos que la intención del gobierno es volverla a dar en concesión a un privado pero sin acreencias ni pasivos.
¿Lo que fue aprobado garantiza algún tipo de obras y con determinada regularidad para el corredor de la ruta 9 norte?
- No, porque el proyecto sólo tenía como objetivo aprobar el convenio de la compra de las acciones y el pago de la deuda de la empresa. Lo que vendrá en el tema de las obras que faltan hacer en la RAC habrá que seguir reclamándolo, pero ahora a la Provincia.
¿Cuánto pagarán los cordobeses por haber roto el contrato con Camino de las Sierras?
- El costo total de este acuerdo es de 20 millones de dólares por la compra de acciones que representan 90 % del capital de la empresa y de 56 millones de dólares por la deuda que tenía Camino de las Sierras con Impregilo, que era el socio mayoritario. A estos 76 millones de pesos en capital se le deben agregar el monto de los intereses los que al término del plan de cuotas pactadas a 8 años harán que el costo de este arreglo llegue a los 103 millones de dólares.
¿Era necesario arribar a ese acuerdo o por la vía judicial había alguna oportunidad de que los cordobeses no pagaran nada en función del incumplimiento del contrato por parte de Camino de las Sierras?
- Desde el gobierno siempre se sostuvo que éste era el mejor y más conveniente acuerdo al que se podía llegar atento a que el reclamo de la empresa ante el CIADI iba a ser superior a los 250 millones de dólares, cifra que nunca pudo ser confirmada fehacientemente ya que no figura en el expediente, ni tampoco sobre las posibilidades ciertas que pueda tener la Provincia de ganar o perder este juicio.
Nosotros consideramos en cambio que había varios antecedentes para haber rescindido el contrato hace mucho tiempo. El monto de la multas que le aplicó en su momento el Ersep, que eran consideradas faltas graves por incumplimiento al plan de inversiones, y el hecho de haberse presentado en concurso preventivo de acreedores a fines del 2008, fueron causas más que suficientes de rescisión del contrato por culpa del concesionario, es decir, de Caminos de las Sierras. En este aspecto, seguimos sosteniendo que este Gobierno tuvo una actitud pasiva en lo judicial y como puede verse ahora hasta cómplice en lo político.
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