64 productores frutihortícolas presentaron un escrito a las autoridades de Caroya y de Vicente Agüero donde piden mejores ordenanzas y que los controles a su forma de producir esté en manos de personal idóneo.
Cansados de ser los “malos” de la película, un numeroso grupo de productores de frutales y hortalizas de nuestra zona se organizó para contrarrestar los ataques de lo que ellos llaman un grupo minoritario de la sociedad que les impide desarrollar su tarea productiva con normalidad.
“aspiramos, respetando las tradiciones laborales y culturales, a continuar trabajando regularmente bajo el amparo de la ley en vigencia, y la protección que DEBEN otorgarnos las instituciones oficiales”, señala a poco de empezar el escrito.
A principios de febrero tuvo lugar una reunión en Colonia Vicente Agüero donde el común denominador fue la preocupación de los productores por las constantes interferencias que sufren en sus actividades laborales, sobre todo a la hora de pulverizar y usar agroquímicos, actividades que generan conflictos entre vecinos, donde suele intervenir la policía, y donde muchos particulares se adjudican tener autoridad frente a estas situaciones. Paralelamente, la otra preocupación manifestada en la reunión fue la ausencia de personal municipal idóneo y capacitado para el control de este tipo de actividades.
Ocurre que, desde que dejó su puesto en Caroya el Ing. Ag. Adolfo Grión, el municipio caroyense no volvió a contratar a personal técnico alguno para el área de medio ambiente. Esto es lo que dice la misiva enviada a las autoridades, aunque sin decirlo explícitamente.
Otro ítem que abordaron los productores fue la necesidad de resguardar para las generaciones venideras el origen de las colonias, esto es, recordar que nacieron como pequeñas unidades productivas que les permitían a las familias el diario sustento.
Un tramo más adelante los productores señalan con un dejo que amargura: “con el paso del tiempo fueron transformándose en un pueblo que ve partir a sus jóvenes hijos de las labores agrícolas, incluso viendo la desaparición de pequeños productores que no son mas que un eslabón de la cadena de sustentabilidad de estas colonias; debiendo además, soportar en estos últimos tiempos que parte de una sociedad nos tilden de perversos, por el solo hecho de hacer lo único que sabemos hacer y que heredamos de una cultura de mas de 130 años, que es trabajar la tierra”. Y añaden: “nuestros abuelos sólo nos trasmitieron la esperanza, la dignidad y sobre toda las cosas la fe que caracteriza a un simple trabajador de la tierra, donde nos regalaron obras de importantísimo valor cultural e institucional que sólo nacen del asociativismo y la hermandad”.
De la protesta a la propuesta
Quienes se autoconvocaron contradijeron muchos de los dichos más frecuentes de los vecinos que se oponen a la utilización de agroquímicos: “en nuestra zona contamos con frondosos estudios realizados por prestigiosas instituciones y reconocidos profesionales, que determinan y demuestran todo lo contrario a lo que nos pretende culpar esa minoritaria parte de la sociedad”.
Contrariamente a lo que puede suponerse, en ningún fragmento del texto que enviaron a las autoridades los productores piden exenciones, ni flexibilización de normas, ni que se haga la vista gorda mientras producen. Por el contrario, manifiestan su intención de ajustarse a las normas vigentes. “Manifestamos la necesidad de contar con mecanismos de control que nos brinden la seguridad tanto para el productor como para la sociedad en su conjunto que, si bien no interviene en actividades agropecuarias, vive próximo a las unidades de producción junto a su familia y necesita contar con la seguridad de que no va a ser perjudicada su salud ni el normal desarrollo de sus actividades cotidianas”, señala el escrito.
Y lejos de ser una queja, el tramo final de la misiva se transformó en un puñado de peticiones concretas a las autoridades, quienes aún no se expidieron sobre lo que fue presentado por mesa de entrada a fines de febrero.
Estas son las peticiones formuladas:
1) Creación de un órgano fiscalizador a cargo de personas idóneas y capacitadas sobre agroquímicos (Ing. Agrónomos, Técnicos Agropecuarios, Inspectores), con lo que se asegurará un control eficaz, y donde se pueda verificar el cumplimiento de todas las exigencias legales, que protejan el trabajo responsable, y multen o sancionen a quienes no lo hagan.
2) Ordenamiento Territorial donde quede claramente delimitada la zona rural y la urbana, y qué actividades se pueden desarrollar en cada una de ellas, sobre todo teniendo en cuenta que muchas producciones, especialmente las frutícolas, se planifican a 15 o más años. Además, se solicita que las ordenanzas se redacten teniendo en cuenta el origen y la cultura de sus pueblos.
3) Información a quienes construyan y habiten en zona rural sobre el carácter productivo que dicha zona tiene.
4) Iniciación de acciones legales ante comentarios, declaraciones, y/o publicaciones que no cuenten con el sustento profesional o científico requerido, incluyendo las publicaciones directamente mal intencionadas que afectan no sólo a productores sino al buen nombre y prestigio de las colonias.
5) Eliminación de los trámites engorrosos y burocráticos exigidos en la planificación de aplicaciones fitosanitarias (recetas, permisos). En reemplazo de ello, se solicita que se contemple la posibilidad de presentar un plan de trabajo que abarque un periodo de tiempo de varios meses o un año.
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