Estamos en plena campaña electoral, aunque todavía no se note demasiado. Y, por tanto, expuestos a una lluvia de denuncias sobre supuestas irregularidades cometidas por los actuales gobernantes.
Las acusaciones tienen por cometido debilitar la posición de los diferentes oficialismos y de sus delfines en las elecciones generales que vienen y en las internas que faltan.
Muchas de las denuncias carecen de sustento legal, apenas si presentan dudas razonables sobre determinados procedimientos que derivaron en la erogación de dineros públicos.
Y es, principalmente, la oposición la que motoriza las acusaciones que versan sobre la falta de transparencia o directamente sobre hechos de corrupción.
La sensación que le queda al ciudadano común es que nada se dirimirá en las barandillas de los juzgados, mientras el proceso electoral siga en marcha. Es decir, si algo se resuelve, se hará después de agosto (elecciones a gobernador en Córdoba) o de octubre (presidenciales en todo el país).
Lo deseable sería que quienes motorizan denuncias tengan el coraje cívico de perseguirlas en tribunales hasta que tengan una resolución, independientemente del resultado de las próximas contiendas electorales.
El desafío para las administraciones venideras es mejorar los procesos de acceso a la información pública por parte de los vecinos. Que las cuentas públicas estén abiertas a la consulta vecinal, una suerte de arqueo de caja permanente que permita dilucidar las dudas y corregir los procesos defectuosos.
Los avances sobre ciudadanía en el mundo versaron sobre estos temas: acceso a la información pública, publicación de las actividades del estado, mecanismos para exigir información.
Para que se puedan denunciar maniobras todo el tiempo y no solamente un par de meses antes de una elección cuando la acusación tiene menos valor para el ciudadano promedio.
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