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| Fotografía ilustrativa de internet |
Entre marzo y abril de este año, el municipio de Colonia Caroya decidió tercerizar el servicio de desmalezamiento en zona rural, a raíz de los reclamos de vecinos de distintos sectores. Formulada una consulta de precios, resultó elegida la propuesta de una persona que tasó su trabajo en 4,50 pesos por cada metro lineal.
La cuestión derivó en el rápido avance de las obras de desmalezamiento en cuestión y en pocas semanas se avanzó hasta alcanzar unos 11.500 metros, que se transformaron en una erogación superior a los 50 mil pesos.
Al haberse excedido el municipio en un 10 por ciento sobre lo que tiene autorizado para contratar en forma directa, la tarea mereció una observación unánime por parte del Tribunal de Cuentas que señaló, entre otras cosas, que hubo: violación del régimen de contrataciones municipal (ordenanza 1344); precio, duración y modalidades del contrato en apariencia irregulares; registración inadecuada del contratado ante AFIP; e i-nexistencia de certificados de trabajo donde consten los metros desmalezados.
Del Tribunal de Cuentas la cuestión fue al Concejo Deliberante donde la mayoría oficialista rechazó un pedido de interpelación al intendente municipal y a su secretario de Obras Públicas. En cambio, se solicitó un pedido de informes que fue contestado con celeridad, pero que no logró despejar todas las dudas.
Hasta aquí, nada hacía presagiar que el tema fuera a excederse en el tiempo y que se aclararía presentando la documentación faltante y motivo de la observación de los tribunos.
La presentación judicial
En medio de las acusaciones y de las sospechas sobre maniobras irregulares, los concejales del Partido Justicialista se presentaron ante el fiscal de instrucción, José Raúl Almeyda, para solicitarle que investigue el fondo del asunto.
Paralelamente, se presentó en forma espontánea ante Almeyda el presunto beneficiario del dinero del desmalezamiento para decir que él no tuvo nada que ver con las tareas, que “prestó” su factura, y que fue pasamanos del dinero que erogó la Municipalidad.
En el escrito que presentó esta persona, aclaró: que nunca realizó los trabajos de desmalezado, que abusaron de su confianza, que el facturero no estaba en su poder, que las facturas no fueron llenadas con su letra, y que el dinero de los cheques que cobraba se lo entregaba integramente a otra persona con intervencion de un empleado municipal.
La comisión investigadora
En la sesión del último miércoles, el Concejo Deliberante decidió conformar una comisión investigadora para que esclarezca los hechos, independientemente de la investigación que podrá formular la Fiscalía.
Marios Rojas, Miriam Clara, y Miriam Desinano serán los concejales encargados de averiguar la verdad de los hechos para poder determinar responsables, en el caso de que alguna cuestión no se haya ajustado a las normativas y leyes vigentes.
Las pruebas oficiales
El Departamento Ejecutivo envió al Concejo Deliberante un informe al que le adjuntó toda la documentación disponible sobre el tema. Allí, está la resolución del Tribunal de Cuentas, las copias de los certificados que firmó el secretario de Obras Públicas que verifican el cumplimiento de los trabajos hechos, las copias de las facturas observadas por el Tribunal de Cuentas, los presupuestos que pasaron tres oferentes, las respectivas constancias de inscripción de los oferentes, la copia del contrato de locación de servicios que suscribió el municipio.
Entre los argumentos para defender la posición municipal, se menciona que el contrato no exigía que fuese la persona que firmaba el contrato la que hiciese los trabajos ni que pudiese subcontratar a terceros para hacerlo.
También, que se desconocía la cantidad de metros que el trabajo insumiría y que, en su momento, no superaban el tope que exigía el regimen de contrataciones municipal.
Despejadas las incógnitas, quedaron varias cosas en claro: en primer lugar, que el trabajo de desmalezado se hizo y, en segundo término, que no lo hizo la persona que firmó el contrato con el municipio.
Según información a la que pudo acceder este semanario, el “préstamo” de facturas es una práctica habitual en los municipios cuando tienen que contratar servicios de personas que no están debidamente inscriptos ante los organismos fiscales. Se trata de personas con oficios muy requeridos (plomería, albañilería, jardinería) que no están inscriptos ante AFIP.
Si hubo préstamo de facturas en este caso, es algo que deberá determinar la Justicia.
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