Resulta peligroso caer en las lógicas totalitarias donde parece que las mayorías tienen razón absoluta y hay que adecuarse o perecer.
La mayoría no tiene la razón, hay que comenzar diciendo porque -si aceptamos sin rebatir ese argumento- estaríamos convalidando, por ejemplo, al pueblo alemán que en un momento de su historia eligió como líder a Adolf Hitler.
La mayoría que ve a Tinelli tampoco tiene la razón ni la que avala proyectos de comunicación vacíos de contenido, vacíos de propuestas, y vacíos de integridad humana.
Decir que se venden porquerías porque la mayoría así lo quiere resulta un ejercicio peligroso y no hay que permitir que razonamientos simplistas opaquen, confundan, lo que es con lo que debiera o podría ser.
En tal sentido, que a la mayoría no le importe la corrupción, según aseguran algunas encuestas recientes, no significa que tengamos que vaciar de propuestas de transparencia a nuestras instituciones y nuestras organizaciones de la sociedad civil.
Algunos municipios de la zona han incorporado el “concepto” transparencia en sus páginas web que, hasta el momento, sólo se ha limitado a la difusión pública del listado con las remuneraciones que cobran funcionarios y empleados de la administración. Allí, se cuelga también el balance mensual, la nómina de pagos a proveedores, y otros ítems que no alcanzan de ninguna manera a tachar de transparente a un municipio.
Algunos ejemplos que ofrecemos a continuación, dan cuenta del largo camino que falta recorrer hacia la transparencia.
En primer término, no hay ordenanza vigente que obligue a los funcionarios a realizar una declaración jurada de bienes antes de su asunción y con posterioridad al traspaso de mandato.
Tampoco hay una ordenanza que obligue a los partidos políticos que participan de las elecciones a señalar de dónde salieron los fondos para financiar las campañas electorales. ¿Qué saben los vecinos si esos fondos provienen de un lobby empresario, del lavado de dinero, del narcotráfico, o de otras fuentes oscuras de financiamiento?
Mucho menos existe una norma que obligue al gobierno de turno responderle a cualquier vecino respecto de aspectos que hacen al funcionamiento del municipio en lo económico, administrativo, legal, y un largo etcétera.
Especialistas en derecho argumentarán que esas obligaciones debieran emanar de leyes superiores y que simples ordenanzas no pueden resolver ese tipo de cuestiones tan vitales. El argumento suena mucho a que siempre se espera una orden que baje de arriba y no que se la autoimponga la comunidad.
Siguiendo con el razonamiento, hay que decir que tampoco está regulada la distribución de la publicidad oficial que hoy responde a parámetros subjetivos que ponen en desventaja a algunos medios de comunicación en relación a otros.
Avanzar en la construcción de la transparencia implica pasar del discurso al recurso, de la prédica a la facilitación de herramientas.
Que a una mayoría de la sociedad la corrupción no le parezca relevante en la nómina de problemas que tiene nuestro país, no quiere decir que tengamos que consentirla, que relegarla, que hacerle la vista gorda. Sanear las instituciones es un proceso largo y al que hay que asumir con un dejo de utopía, pensando en el mañana que merecen nuestros hijos.
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