En Colonia Caroya ganó la posición de vecinos contra una antena sobre la calle 22 sur. Y en Jesús María, un vacío normativo obligó al municipio a pedir que saquen una antena del club Alianza.En menos de dos días, la ubicación de antenas para telefonía móvil fue motivo de protestas y de debate en los medios de comunicación local.
La primera reacción fue de los vecinos de la calle 22 sur de Colonia Caroya, el martes por la tarde cuando cortaron esa arteria para protestar por lo que parecía la inminente colocación de una antena de la empresa Personal (de Telecom).
En enero, los vecinos habían llevado un petitorio al municipio señalando que estaban en contra de que en ese sector se instale la enorme torre que se supone que la empresa telefónica quiere colocar allí. Según se supo, la empresa había abonado por adelantado un canon muy importante por la instalación de la antena y tenía la prefactibilidad otorgada por el Concejo Deliberante, pero sujeta al cumplimiento de una serie de requisitos que nunca se cumplieron. El corolario de dicha protesta fue que el municipio notificó a la empresa de que se abstenga de continuar los trabajos hasta tanto se cumplimenten todos los pasos que exige la normativa vigente y la propia Carta Orgánica de la ciudad.
En Jesús María, la situación vino de la mano de Radio Jesús María que indagó a las autoridades locales y a especialistas ambientales sobre una antena de telefonía de la empresa claro que está ubicada cerca de las canchas de tenis del club Alianza.
La consulta derivó en que ninguna de las antenas que se colocaron después de noviembre de 2001 tiene autorización porque la única ordenanza vigente en la materia lo prohíbe hasta tanto se expida la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre su inocuidad o peligrosidad.
Visto contra las cuerdas, el municipio tuvo que intervenir para desactivar la antena y solicitar a la empresa Claro que desmantele la estructura.
Sobre este tema, Jesús María demostró estar mucho más atrás que Colonia Caroya, ciudad que no esperó ningún veredicto de la OMS y, sin embargo, colocó como exigencia -antes de autorizar el emplazamiento de una estructura así- el visto bueno del vecindario, sin contar que también pide autorización de la autoridad de Ambiente de la provincia y controles regulares del nivel de emisión de los aparatos.
En un país donde hay casi más teléfonos móviles que argentinos y en donde las comunicaciones crecieron a tasas demográficas enormes resulta curioso que un municipio se haya demorado tanto para intentar regular esa materia tan compleja.
Tendrá que servir la lección para que las autoridades extremen los controles a las empresas, incluyendo la la emisión de ondas de cada uno de los equipos colocados, de modo que a los usuarios de telefonía móvil se les garantice el acceso al servicio y a los pobladores de la ciudad su derecho a estar lejos de esos aparatos.
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