Los municipios de la región analizan la firma de un convenio con los prestadores privados de servicios de emergencias para la atención de accidentes en la vía pública. Funcionarios de Jesús María y de Colonia Caroya vienen sosteniendo una serie de reuniones con las empresas privadas que prestan el servicio de emergencias médicas para ver la posibilidad de que también provean atención en la vía pública para el caso de algún tipo de accidentes en los que intervienen personas que no están asociadas al servicio.
La conversación se disparó a raíz de accidentes en otras ciudades de la provincia donde turistas fallecieron por no recibir el traslado ni el auxilio médico correspondiente en un centro de salud. Eso mismo puede suceder en nuestra región y no existe en la actualidad ningún mecanismo que prevea esa contingencia.
Después de arduas negociaciones, en las que las empresas comenzaron exigiendo un canon excesivamente elevado, se habría arribado a un acuerdo para llevar adelante una experiencia piloto por tres meses para evaluar qué sistema es el que más conviene a las administraciones. Durante más de 30 días, las negociaciones se hicieron en la más absoluta discreción y silencio para evitar la presión pública sobre el tema.
“Hoy estamos en condiciones de decir que hay posibilidad de establecer un convenio en cada una de las ciudades individualmente enfocando la cuestión en dos etapas”, explicó a los concejales de Jesús María el secretario de Gobierno, Enrique Brizuela.
“No hay otra manera de afrontar la problemática de accidentes en la vía pública que no sea a través de un pago por prestación. Lo que se está terminando de definir es el prototipo o el formato sobre cuál va a ser la atención en la vía pública”, añadió el funcionario.
El acuerdo es que la atención se restrinja a accidentes entre vehículos o entre vehículos y peatones que fue lo que disparó el tratamiento de esta problemática y que se pague por cada prestación que se realice, excepto a quienes son socios de esos servicios de emergencias. El esquema prevé establecer condiciones y pautas relativas a tiempo de atención, es decir, eficacia; una instancia de auditoría para ver qué tipo de prestación se hizo porque habría dos tipos de valores según se trate de una prestación simple o compleja (suministro de suero, sutura, colocar elementos ortopédicos, entre otros, antes del traslado).
Las empresas prestadoras reconocieron que están ingresando a un terreno desconocido y que deben evaluar si están en condiciones de afrontar la prestación, más allá de que tengan la predisposición de hacerlo. De allí, que la prueba piloto sirva para corregir deficiencias. Los tres meses servirán para generar estadísticas sobre cuántos accidentes son, cómo se atiende, cómo es la eficacia, cómo se auditan los casos para ver si se mantiene el mismo esquema de pago o se instrumenta un esquema más amplio de atención en la vía pública donde los valores a erogar por parte de los municipios serían mucho mayores.
Esa segunda opción, la del sistema de cápitas, incrementaría el costo municipal a un mínimo de 30 mil pesos mensuales. Pero la adopción de este sistema requiere de un mayor estudio y de un debate con la sociedad si es que quiere un servicio más amplio pero por el que hay que destinarle recursos.
La problemática no estaba contemplada en la ejecución presupuestaria prevista para 2010 y si hay que afrontarla hay que hacerlo con los recursos disponibles porque resulta difícil pensar un sistema de financiamiento alternativo. En definitiva, se trataría de un nuevo servicio, de un servicio que prestaría el Estado municipal y por el que le correspondería cobrar algún tipo de tasa.
De hecho, el propio gobierno provincial está tratando de ver con los municipios cómo se resuelve este tema y cómo se proveen los recursos para que existan sistemas de atención en vía pública mucho más generales.
Esta semana será crucial para las aspiraciones de lograr en la región la cobertura que hoy está faltando.
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