En enero pasado, vecinos de la zona rural por donde pasa la calle 22 sur elevaron un petitorio firmado por un centenar de personas en contra de la instalación de una antena de telefonía. Se fueron de las dependencias de la Municipalidad con la convicción de que esa acción había sido suficiente, pero no fue así.
El sábado 27 de marzo comenzaron a ver movimiento de maquinaria y de grandes volúmenes de tierra en el inmueble del vecino de apellido Del Bianco, quien había firmado un contrato de alquiler con la empresa del grupo Telecom.
La respuesta no se hizo esperar y movilizaron a todo el vecindario para organizar una protesta formal frente al inmueble en cuestión.
“Sentimos violados nuestros derechos como ciudadanos de esta comunidad porque en reunión con el señor intendente nos habían dicho que sólo había una prefactibilidad y que la situación había quedado en eso nomás”, señaló Daniel Arcas antes de añadir: “Nos sentimos demasiado mal por el hecho de que estaban trabajando sin habernos consultado nada”.
Apoyando los argumentos de los vecinos, el concejal justicialista Gustavo Brandán añadió que la instalación de la antena en ese lugar también viola la ordenanza 1102/01 porque la norma habla de la necesidad de respetar una distancia de 500 metros de la zona urbana para instalar estas antenas. Hoy, la ubicación de la pretendida antena está dentro de esos 500 metros.
Además, en uno de los proyectos de ordenamiento urbano que tiene en comisión el Concejo Deliberante, esa zona dejaría de ser rural para anexarse a la zona urbana, con lo cual mantener la decisión de permitir una antena en ese lugar sería un despropósito.
Durante la protesta, se hizo presente en el lugar el secretario de Gobierno, Luis Grión, quien se anotició de los trabajos y les aseveró a los vecinos de que no había habido ninguna orden del municipio hacia la empresa en el sentido de que continuarán con la obra.
De hecho, al mediodía del día siguiente al corte de la calle, el municipio notificó a Telecom sobre la necesidad de que paralicen las obras en razón de que no habían presentado ninguna documentación como lo solicita la normativa vigente en la ciudad.
En estos días, Telecom tiene que proceder a desmantelar la antena que tiene sobre la calle Pedro Patat sur y está buscando con desesperación un inmueble donde trasladar el equipamiento y la antena. Pero da la impresión de que quiere hacerlo omitiendo cumplir lo que las ordenanzas de Caroya exigen.
La única motivación que tiene Telecom para insistir con la instalación en el predio sobre la calle 22 es que ya canceló por adelantado diez años de alquiler, canon que no obliga al arrendatario a devolver el dinero porque se trata de una restricción que no forma parte del convenio.
Grión aseguró que va a ser casi imposible que Telecom continúe los trabajos sobre la calle 22 sur porque no va a contar con el consenso del vecindario que ya se pronunció en contra del emplazamiento. Por dentro de las ordenanzas vigentes se permitirá todo; por fuera, nada.
El secretario de Gobierno aprovechó para indicar que tampoco se instalará la microcelda en el techo del edificio municipal porque el municipio ya comunicó verbalmente a la empresa que va a dar por disuelto el contrato y va a devolver el dinero que la telefónica pagó por adelantado. La puja, seguramente, se detendrá en un lugar menos poblado.
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