Una solicitud del Ejecutivo para usar un mecanismo de compra-venta distinto al vigente disparó un nuevo debate y otra discusión con la oposición.
La peor parte de la herencia que recibió Rodolfo Visintín, al asumir como intendente caroyense, estaba en la maquinaria disponible para la prestación de un servicio básico como es la manutención de calles de tierra. Eso lo saben todos los vecinos y también la oposición.
En 1994, el municipio adquirió una motoniveladora de origen ruso que resultó un dolor de cabeza para el municipio por la escasez de repuestos y por los deficientes servicios que presta. Esa máquina está en funcionamiento pocos meses al año.
También cuenta el municipio con una motoniveladora John Deere, una Caterpillar, y una Adam (que sólo se usa en un apuro). Con esa maquinaria tiene que realizar la manutención de casi 290 kilómetros de calles de tierra en la zona urbana y rural.
Por ello, el Ejecutivo planteó la necesidad de incorporar una nueva motoniveladora y se abocó a la búsqueda de presupuestos en los que se ilustró respecto de que la fábrica cordobesa Zanello es la que mejor precio tiene para una máquina nueva -460 mil pesos- y que además les toma en parte de pago la motoniveladora rusa en 70 mil pesos.
El tema es que para esos montos necesita de una autorización del Concejo Deliberante de una doble naturaleza: por un lado, necesita un “informe favorable” para la compra de la máquina sin que se realice un llamado a licitación pública y, por otra parte, una ordenanza que les permita enajenar la máquina rusa sin apelar al mecanismo del remate público. Eso fue lo que fueron a explicar al Concejo Deliberante los secretarios de Hacienda y Obras Públicas de la ciudad, Fernando García y Horacio Copetti, respectivamente.
Como dato, los secretarios aportaron que la Municipalidad erogó en ocho meses 50 mil pesos en repuestos y 42 mil pesos en el mantenimiento de la maquinaria existente que, además, no logra estar operativamente durante todo el tiempo.
Mi voto no es positivo
Una vez concluida la exposición de los funcionarios municipales, el concejal justicialista Gustavo Brandán adelantó su voto negativo para usar ese mecanismo de compra con el argumento de que se estaría vulnerando el artículo 87 de la Carta Orgánica y, asimismo, no se daría la hipótesis planteada en el artículo 5 inciso 2 del régimen de compras vigente.
Una posición similar mantuvo el concejal del Frente Cívico Mario Rojas que indicó que la propuesta no se ajusta a los artículos 87, 119, y 124 de la Carta Orgánica. “No le hace nada bien a las instituciones de la democracia andar haciendo saltos a la legislación. Comprendo la urgencia pero creo que hay que encauzar las cosas desde la normativa vigente”, argumentó Rojas.
Fernando García defendió la solicitud del municipio y señaló que no está reñido con la Carta Orgánica: “Estamos haciendo uso de un artículo de una ordenanza que está vigente y que no se contradice con la Carta Orgánica. Es una cuestión de interpretación”.
Luego de dos horas de un tenso debate, el presidente del cuerpo de ediles, Amílcar Ñáñez, solicitó pasar el tema a comisión antes de resolverlo.
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