Si vamos a pensar en otra forma de hacer política y de incentivar a la participación, tenemos que empezar por las remuneraciones.
Nadie en sus cabales puede pretender que un vecino o vecina nuestro desarrolle una actividad full time y las 24 horas del día por una remuneración de cinco o seis mil pesos mensuales que es lo que perciben, por ejemplo, los intendentes de Jesús María y de Colonia Caroya. ¿Debe la máxima autoridad de una ciudad cobrar lo mismo que un chofer de la TAMSE? (N de la R: con el mayor respeto al trabajo de los choferes)
Digo esto en función de que los vecinos pedimos funcionarios “premium” pero aceptamos que tengan salarios “crotos”. Y esa contradicción de nuestra parte da lugar a consecuencias mucho peores. ¿En qué sentido?
Muchas veces afirmamos que los idóneos no se hacen cargo y que es una lástima que los que tienen capacidades superiores no se involucren en el diseño y ejecución de políticas públicas superadoras. Pero tenemos que ser sinceros y preguntarnos respecto de cuántos abandonarían sus trabajos en la faz privada, donde perciben hasta dos o tres veces lo que gana alguno de nuestros jefes comunales, para servir a un pueblo por casi nada y encima quedar sospechados.
Si queremos que los idóneos, que los capaces sean quienes ocupen los puestos claves en nuestros municipios ¿por qué no queremos pagarles como corresponde? Ojo que con esto no queremos decir que los que ocupan hoy cargos públicos no sean idóneos, pero convengamos que en la última década hemos visto pasar funcionarios que dieron pena y los toleramos por extrañas razones.
Una buena paga genera otro tipo de compromiso en el que la recibe y genera mayores posibilidades de reclamo para quienes pagan la remuneración, esto es, los vecinos. Es hora de tener funcionarios a los que se pueda exigir porque se les paga muy bien para que ejecuten las políticas públicas que necesitan nuestras comunidades. Y una buena paga justifica el despido en el caso de ineficiencia y de inoperancia. Ahorro en el gasto público no quiere decir, necesariamente, reducción del gasto político. Ahorro en el gasto público quiere decir control absoluto sobre los dineros públicos, desde el más mísero centavo.
Porque también sucede que, en realidad, la remuneración de los intendentes no es la que figura en el recibo de sueldo ya que –no en todos los casos- cuentan con partidas para viáticos y gastos de representación que suelen equiparar mensualmente el ingreso que obtienen por su “salario”.
Entonces, va siendo hora de blanquear una realidad: ningún intendente con carga de familia puede decir que realiza su función full time y las 24 horas del día por cinco o seis mil pesos. Es preferible incrementarles la paga y reducir los gastos de representación y viáticos porque son campo propicio para la discrecionalidad que alguna vez habrá que desterrar.
Aunque con diferente enfoque, también hay que pensar cuánto tienen que percibir nuestros “representantes” que son los concejales. Porque el desempeño de su función implica grandes responsabilidades y tienen que incorporar técnicas legislativas que los ayuden a redactar las mejores normas posibles para la ciudad, paralelamente al control de los actos del Departamento Ejecutivo.
¿Mejores políticos? Mejores salarios. La sociedad se encargará de encontrar los mecanismos para que la eficiencia no sea sólo un slogan de campaña.
No hay comentarios:
Publicar un comentario