Productores de Colonia Caroya tienen una larga historia con daños por agroquímicos

Las primeras denuncias sobre daños en cultivos frutales datan de 1997 y en 2000 comenzaron las sospechas sobre las posibles efectos en la salud de los pobladores.

El reciente fallo judicial contra productores a los que se acusó de contaminar con productos químicos a vecinos de barrio Ituzaingó anexo de la ciudad de Córdoba sentará, seguramente, un precedente a nivel provincial, pero en nuestra zona también tiene una larga historia.
En 1997, se formó una suerte de asesoría regional que hizo panfletos y afiches en los que consignaba la manera en que se debían operar los productos químicos para controlar malezas, con valiosos consejos:

Mantenerlos lejos de niños, animales, alimentos y semillas
Mantener el plaguicida siempre en el envase original.
Usar máscaras, guantes de goma y ropa protectora durante la aplicación de los mismos.
No fumar ni comer durante el manipuleo y uso de los plaguicidas.
En caso de ingesta accidental consulte de inmediato a su médico indicando el nombre comercial del producto o el principio activo del biocida utilizado.

En enero de 1998, análisis del CEPROCOR habían detectado la presencia del agroquímico 2.4D en distintas plantas frutales. Para esa fecha, ya estaban implantadas las primeras vides importadas de Italia y el plan de reconversión vitivinícola estaba en marcha.
Para abril de 1998, ya se había prohibido la aplicación en el Departamento Colón del 2.4D en su formulación éster y el 2.4DB éster. La prohibición, más adelante, abarcó otras pedanías de los departamentos Totoral y Río Primero. Sin embargo, en análisis posteriores a esa fecha, incluso uno de 2011, el 2.4D volvió a encontrarse en plantas de vid.
En septiembre de 2002, la experiencia de Caroya se cruzó con la de Ituzaingó anexo en una reunión que tuvo lugar en el club Juventud Agraria. Durante la exposición de la Sociedad Rural de ese año, le hicieron llegar un petitorio a las autoridades pidiendo mayor control sobre el uso de agroquímicos y la prohibición de dos sustancias consideradas tóxicas en todo el territorio provincial: el 2.4D y el Endosulfan.
En octubre de 2002, todas las empresas que vendían agroquímicos en Jesús María y Colonia Caroya decidieron, voluntariamente, retirar de la venta comercial el agroquímico 2.4D éster.
“Asumimos este compromiso moral como profesionales serios y responsables ya que somos conscientes del grave peligro que implica el manejo incorrecto de este producto en manos de personas irresponsables y que poco les interesa el bien común”, señalaron en la misiva, que llevaba la firma de todos los comerciantes.
Prohibido y todo, ese año los análisis volvieron a encontrar 2.4D en las plantas.
En 2003, el Concejo Deliberante pidió un censo de salud de toda la población ante la sospecha de que enfermedades como la leucemia y el cáncer se habían disparado en Caroya.
En octubre de 2004, los ediles aprobaron una ordenanza que regulaba la aplicación de agroquímicos en la ciudad y era más estricta que la Ley provincial vigente en ese momento.
En marzo de 2005, aparecieron muertos 300 ñandúes en un establecimiento caroyense y el mismo sospechoso: un agente químico mal aplicado.
Hubo en 2008 y 2009, otras iniciativas normativas para regular y castigar la aplicación de productos prohibidos con suerte diversa en cuanto a resultados.
En abril de este año, pleno 2012, el Departamento de Ambiente y Desarrollo Rural de esta ciudad inició una investigación de oficio ante la posibilidad de que se hayan aplicado durante la campaña agroquímicos prohibidos por disposiciones locales y provinciales que derivaron en una merma durante la cosecha, especialmente de la variedad Isabella. Como se ve, 15 años después, los problemas persisten.