Cualquiera pensaría que el arrojo de residuos en lugares no autorizados debiera estar en manos de gente desaprensiva, poco amistosa con el ambiente, con escasa educación. Pero ¿qué pasaría si entre los “contaminadores” estuviera un centro de salud, una escuela, o una parroquia?
Pues bien, esto fue lo que detectaron la Subsecretaría de Servicios Públicos y el Departamento de Desarrollo Rural y Ambiente de Colonia Caroya cuando comenzaron con la limpieza de sitios baldíos en la zona rural que se habían convertido en depósitos clandestinos de residuos por parte de los vecinos.
En la zona rural se detectaron 20 lugares en las mismas condiciones, y sobre los que pesa una promesa de que serán saneados en los próximos días.
En algunos de estos predios no autorizados, encontraron que había documentos que pertenecieron a un centro de salud, una parroquia, y una escuela de la zona. Y esa situación los preocupó sobremanera porque son instituciones fuertes con mucha prédica entre quienes acuden a ellas. La aparición de esos documentos no quiere decir que hayan sido esas instituciones las contaminadoras, pero la duda está planteada.
Además, la preocupación municipal tiene que ver con que están tirando basura, prácticamente, en todos los accesos al río Carnero. Se pueden encontrar residuos al final de las calles 26, 30, 34, la Pedro Patat sur, y en el lote de Puesto Viejo que da al río.
Vale aclarar que no se trata de un problema que arrastra esta gestión municipal sino que comenzó a hacerse habitual desde mediados de los ‘90, antes de que el municipio construyera el nuevo predio para la disposición final de los residuos.
La tarea de limpieza fue encarado en conjunto por Servicios Públicos y Ambiente. El primer predio que fue desmalezado y limpiado está ubicado en calle 48 y calle 51, en Bº IPV. Una cuadrilla de una decena de empleados municipales acondicionó el lugar que la gente del barrio había utilizado como vertedero de residuos.
También, se inició una campaña para sancionar a las personas que hayan arrojado residuos en la vía pública o en sectores no autorizados.
Para que ese mecanismo funcione hace falta que el Tribunal de Faltas sea más expeditivo y que el Ejecutivo reglamente la ordenanza que regula y castiga el arrojo de residuos en lugares públicos.
En este caso, la normativa existe y lo que se precisa es hacer que los responsables de haber contaminado contribuyan en la tarea de limpiar.
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