Los ex concejales Gustavo Brandán y Miriam Clara de Unión por Caroya se presentaron el martes 3 de mayo de 2011 ante el fiscal de Instrucción José Raúl Almeyda para solicitarle que investigue si había habido algún ilícito en la contratación de una persona para tareas de desmalezamiento que terminaron con una erogación de 52 mil pesos por parte del municipio.
La presentación se formuló en forma paralela a la presentación espontánea del presunto beneficiario de la mencionada contratación, quien negó haber participado en las obras y señaló en un escrito que fue “pasamanos” del dinero que erogó la Municipalidad. El fiscal debía determinar quiénes fueron los verdaderos ejecutores del trabajo y si recibieron el monto que el municipio aseguró haber pagado.
En el escrito, el hombre vinculó a algunos funcionarios, a su ex patrón, y a algunos empleados municipales como autores de una maniobra de la que él fue la cara visible pero sin ningún beneficio económico. En la presentación espontánea, esta persona aclaró: que nunca realizó los trabajos de desmalezado, que abusaron de su confianza, que el facturero no estaba en su poder, que las facturas no fueron llenadas con su letra, y que el dinero de los cheques que cobraba se lo entregaba integramente a otra persona con intervencion de un empleado municipal.
La diferencia entre el trabajo facturado y el trabajo hecho rondaría los 20 mil pesos, según constaba en algunos documentos que fueron presentados al fiscal.
Sin embargo, casi un año después de aquella presentación no hubo grandes avances en la investigación, según la información que pudo recabar este semanario. De las directivas impartidas por el fiscal, se habrían diligenciado unas pocas y la causa está paralizada desde hace muchos meses.
El origen de todo
Entre marzo y abril del año pasado, el municipio de Colonia Caroya decidió tercerizar el servicio de desmalezamiento en zona rural, a raíz de los reclamos de vecinos de distintos sectores. Se formuló una consulta de precios y resultó elegida la propuesta de una persona que tasó su trabajo en 4,50 pesos por cada metro lineal.
Las obras de desmalezamiento tuvieron un rápido avance y en pocas semanas se logró desmalezar unos 11.500 metros lineales, que supusieron una erogación superior a los 50 mil pesos.
Por haberse excedido el municipio en un 10 por ciento sobre lo que tenía autorizado para contratar en forma directa, la tarea mereció una observación unánime por parte del Tribunal de Cuentas que señaló, entre otras cosas, que hubo: violación del régimen de contrataciones municipal (ordenanza 1344); precio, duración y modalidades del contrato en apariencia irregulares; registración inadecuada del contratado ante AFIP; e i-nexistencia de certificados de trabajo donde consten los metros desmalezados.
Entre los argumentos para defender la posición municipal, se mencionó que el contrato no exigía que fuese la persona que firmaba el contrato la que hiciese los trabajos ni que pudiese subcontratar a terceros para hacerlo.
De todos modos, la causa sigue demorada en Fiscalía y esperando una necesaria aclaración a la comunidad.
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