Lucas Garimano, asesor de la Secretaría de la Mujer, Niñez, Adolescencia y Familia (MUNAF) de la Provincia estuvo en Colonia Caroya ofreciendo una capacitación para explicar los alcances de la nueva ley de protección integral de los derechos de niños y adolescentes, en una actividad que promovió el Consejo Local de Niñez caroyense.
¿Cómo se le explica a la gente que tiene que trabajar con problemáticas de niñez que ha cambiado el paradigma sobre quién es el menor?
- Parece un juego de palabras pero hoy se considera un niño, niña o adolescente en contraposición a lo que era un “menor”. Hubo un cambio de paradigma a partir de la sanción de la ley y que no tiene que limitarse solamente a lo normativo sino que implica un trabajo articulado con todos los actores sociales, las ONGs, la iglesia, los clubes, los hospitales y el Estado en todas sus jurisdicciones para que el niño tenga el pleno ejercicio de sus derechos y garantías constitucionalmente resguardados. En eso consta el sistema de protección integral.
¿No le sirve de excusa al estado para desentenderse de parte de su obligación hablar de “gestión asociada” cuando el talón de Aquiles es qué presupuesto se manejará?
- El Estado de ninguna forma se puede desentender -la ley es clara en eso- porque es
responsable en la atención, pero tampoco se soluciona con dinero. Acá, el desafío es trabajar sobre la familia como responsable primario con lo cual hay que articular y fortalecer el concepto de familia desde toda perspectiva, inclusive garantizando un trabajo al padre. Lo que puso sobre el tapete la ley es la visión de la familia desde otro lugar no tan asistencialista, procurando darle una solución completa a los problemas. Si articulamos todos los recursos de todas las áreas de gobierno, debieran llegar de modo eficaz y eficiente.
Recientemente La Voz del Interior publicó un informe respecto de que el presupuesto para niñez será menor para 2010. ¿Cómo se entiende eso?
- Esa lectura es parcial porque, en definitiva, se está viendo desde una sola perspectiva porque no son solo los recursos que maneja la MUNAF que es quien tiene que gestionar y coordinar los fondos de Desarrollo Social, Trabajo e Industria, Salud, Educación. Si se evalúan integralmente todos esos recursos creo que el análisis es parcial, incluso en su valoración estadística. Más allá de que todo lo que demos en infancia nunca va a ser suficiente. Es una deuda social que todos tenemos.
¿El actual gobierno provincial está preparado para el cambio de paradigma que supone la ley, principalmente en lo de la articulación, más allá de la MUNAF?
- El decreto provincial 1153/09 que recientemente puso en marcha el sistema de protección integral creó una comisión interministerial para que se articulen las políticas públicas en esa mesa de trabajo para ir en la misma línea que plantea la ley.
Cuando haya que financiar proyectos en el interior provincial, ¿va a tener más recursos el que más patalee o habrá distribución equitativa?
- No debiera ser así. Hemos creado 12 delegaciones en toda la provincia, apuntando principalmente a los lugares donde había sedes judiciales para cubrir la problemática, conjuntamente con el Poder Judicial en este proceso de armonización y transformación de un sistema hacia el otro. La idea es que llegue los derechos, las garantías, y los recursos por igual en todos los lugares.
¿Es esperable en esta instancia de armonización que alguna causa urgente se resuelva en forma inadecuada hasta tanto todos los resortes funcionen correctamente?
- No queremos que suceda eso, aunque nunca estamos exentos de que suceda. Se ha creado una mesa de trabajo con el Tribunal Superior de Justicia a los fines de, ante la duda, que intervengan el Ejecutivo y el Poder Judicial para que no exista ninguna zona gris, y que después se delegue al área correspondiente. Incluso hay una comisión creada al respecto para evitar ese tipo de situaciones.
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