Incluso para un periodista, saber sobre determinados temas que hacen al uso de fondos públicos por parte de una gestión municipal, depende en un todo de la buena voluntad de los funconarios.
Si hoy quisiéramos saber cuánto se erogó en determinada obra pública, dependeríamos de la buena voluntad del funcionario del área a la que corresponde.
Anticipamos que no se trata de una acusación sobre falta de cooperación ante una requisitoria periodística sino una reflexión sobre la necesidad de generar un marco normativo que brinde oportunidades a cada uno de los vecinos sobre el destino que se le dan a los fondos que aportan con sus tasas e impuestos.
Y, además, de establecer un plazo razonable para que el gobierno o una de sus áreas pueda responder a la pregunta de algún vecino. ¿Si hay restricciones al derecho al acceso a la información pública? Sí, los hay, pero afortunadamente son pocos los casos en que un gobierno puede excusarse de brindar información (en las causas judiciales y por razones de estrategia, por ejemplo). Sobre todo lo otro debe informar.
Alguno argumentará que existe el Boletín Oficial, una formalidad de la que se hacen escasísimos ejemplares y que no están a la mano de los vecinos. No sirve como argumento para negarse a darle a las ciudades una ordenanza de acceso a la información pública.
¿Por qué? Porque en aras de la transparencia de la que tanto se habló y se habla, hay que seguir avanzando en la dotación de mecanismos que le permitan al ciudadano controlar el gasto público y controlar su oportunidad.
En nuestra región, ninguno de los municipios cuenta con una ordenanza sobre información pública y es cierto que han accedido a cada una de las requisitorias que se les ha formulado desde los medios de comunicación.
Pero qué pasará cuando cambién las autoridades. ¿Tendrán las próximas autoridades el mismo sentido de colaboración que han tenido las actuales gestiones?
Sabemos que se trata de una solicitud incómoda, que genera incertidumbre sobre si habrá una catarata de pedidos de informes por parte de vecinos y periodistas, que pone la lupa sobre el uso que se hace de los fondos públicos.
Pero también sabemos que mejora la calidad de la democracia que aseguramos defender, otorgando un mecanismo de participación que ya se usa en otras jurisdicciones de Córdoba y del país.
Ojalá que los proyectos que se vienen estudiando en los cuerpos deliberativos no duerman en cajones y sean norma dentro de poco tiempo.
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