La erogación de 52 mil pesos por parte del municipio de Colonia Caroya para tareas de desmalezado generó una polémica cuando se conoció que la persona que facturó el trabajo no lo había hecho sino que había sido un presta/facturas, un simple pasamanos del dinero.
Ello motivó la presentación espontánea del “facturero” Juan José Rodríguez ante el fiscal José Raúl Almeyda, detrás de la concejala Mirim Clara, quien le había pedido al funcionario judicial que investigue la posible comisión de un delito.
En el mientras tanto, se conocieron más detalles sobre la cuestión: el trabajo habría sido hecho por un grupo de peones rurales conocidos como “Los Chaqueños”, quienes fueron los que efectivamente se encargaron de desmalezar unos cuantos kilómetros en los lotes de la zona rural. También se conoció que los trabajadores no recibieron por ese trabajo los 52 mil pesos sino una cifra sensiblemente inferior. Toda esa información fue la que consiguió la comisión investigadora que formaron los concejales Myriam Desinano, Mario Rojas, y Miriam Clara.
La información que los concejales le aportaron al abogado Mariano Cerquatti permitieron formular una hipótesis sobre los sucesos que derivaron en el escándalo.
El municipio tenía autorizado a erogar por contratación directa hasta 48 mil pesos. Superada esa cifra, tenía que hacer un decreto argumentando y justificando el eventual exceso de 4 mil pesos. Pero no fue así. En apariencia, y de acuerdo a la documentación existente, el municipio intentó simular un concurso de precios con otros dos oferentes y cuyo llamado a concurso no fue notificado ni asistido por ninguna comisión adjudicadora que se integra con concejales y tribunos de cuenta.
De allí en más, la nómina de errores que se cometieron parece no tener fin. Pero no sólo eso se descubrió sino que tuvo que haber necesaria participación de agentes municipales y de funcionarios en la maniobra por la cual el trabajo se encargó a un grupo de personas, aunque lo facturó Juan José Rodríguez. Es decir, el trabajo se hizo pero no lo hizo quien lo facturó ni se erogó la totalidad del importe a quienes sí lo hicieron.
¿Hubo faltante de dinero? ¿Quién tomó el dinero que Los Chaqueños no cobraron? ¿Hubo realmente participación de funcionarios y agentes en una maniobra en apariencia delictiva? Ésas son las preguntas que quedaron arriba del despacho del fiscal de Instrucción de Jesús María, José Raúl Almeyda.
El problema es que la difusión de las maniobras surgió en plena campaña electoral y ese escenario complica la toma de resoluciones por parte de la justicia. Evidentemente, hay facciones políticas que quieren sacar ventaja de esta aparente debilidad del gobierno municipal, mientras desde adentro aseguran que no hay nada que esconder y que todo lo que ocurrió se puede explicar.
Por las dudas, el abogado Cerquatti les sugirió a los integrantes de la comisión investigadora que le pidan al fiscal que investigue la posible comisión del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública del Código Penal.
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