Por: Eduardo García (Ex Diputado de la Nación. Autor del Proyecto de Ley de Despenalización de la Tenencia de Estupefacientes para consumo personal)
“La despenalización de la tenencia de estupefacientes por vía judicial, es un absoluto fracaso del Congreso de la Nación. El miedo al debate impidió discutir seriamente una política de prevención”.
El reciente fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que retoma una posición histórica de defensa de las libertades individuales, no solo constituye un avance por su alto contenido jurídico constitucional, sino sobre todo porque significa un importante cambio de paradigma en la lucha contra el narcotráfico.
Desde hace un tiempo, la denominada “guerra contra las drogas”, se había convertido en una verdadera “guerra contra los usuarios de drogas”, que en definitiva son las víctimas de un negocio de escala mundial como es el narcotráfico.
Hace más de 5 años, propusimos que el Congreso de la Nación, se animara a abrir una profunda y seria discusión sobre la problemática de las drogas en argentina. Uno de los objetivos era poner en cuestión la idea de que penalizar al consumidor servía para combatir el narcotráfico, o que “hay que pegarle al perro para que aparezca el dueño” como lo habían sostenido los legisladores en el año 1989.
Cuando presentamos este proyecto, era evidente el absoluto fracaso de una legislación exclusivamente centrada en la penalización del consumidor, que sumada a la falta total de políticas de Estado tendientes a la prevención del consumo drogas legales e ilegales y, en su caso, el tratamiento de las personas con problemas de salud derivados del mismo, generaron en pocos años un cóctel explosivo de expansión del consumo, alejamiento de los usuarios de drogas del sistema de salud, estigmatización y procesamiento de miles de jóvenes que no tenían nada que ver con la actividad criminal.
Desde nuestra banca planteamos la discusión desde una mirada centrada principalmente en lo social, pero también –desde el punto de vista jurídico- advertíamos que la penalización de los consumidores es absolutamente violatoria de la Constitución Nacional y que -más temprano que tarde- la Corte Suprema de Justicia terminaría resolviendo la situación, sin que el Congreso de la Nación se hiciera responsable del fracaso de su propia Ley y, mucho menos, intentara impulsar políticas de Estado para abordar la situación con la seriedad que merece.
La mayoría de los Diputados y Senadores prefirió mirar para otro lado, o “esconder la basura debajo de la alfombra”, y algunos sectores que sistemáticamente se niegan a debatir los temas espinosos, optaron por negar la realidad y evitar el tema oponiéndose a todo o incluso falseando a sabiendas el eje del debate.
El resultado está a la vista: por decisión de la Corte, que afortunadamente ha vuelto a sostener su criterio histórico de respeto a las libertades individuales a través de un fallo que saludamos, no se seguirá castigando a las víctimas del narcotráfico, pero los argentinos perdimos una gran posibilidad de discutir con seriedad y libres de prejuicios cómo abordamos esta problemática que hace estragos en todo el mundo, cómo combatimos el narcotráfico que mueve cifras astronómicas de dinero con una cadena interminable de complicidades y, sobre todo, cómo evitamos que miles de jóvenes encuentren en el paco una forma de escapar fugazmente de una sociedad que no los escucha ni les brinda posibilidades de pensar en mañana.
Este fallo de la Corte es un paso necesario, pero absolutamente insuficiente para generar una verdadera política de Estado en materia de prevención y tratamiento de las adicciones, así como un enérgico combate al narcotráfico.
Una vez más, se hace necesario dejar a un lado los prejuicios y animarse a discutir el tema en profundidad.
Los Diputados y Senadores deberían darse cuenta que la Corte ha hecho su trabajo y que les ha llegado indefectiblemente la hora de hacerse cargo del suyo.
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