Mientras fue intendente de Colonia Caroya, Héctor Nanini enfrentó tres procesos judiciales en los Tribunales Ordinarios de Jesús María: uno por uso indebido de fondos públicos, otro por una presunta estafa en la compra de combustible, y otro por el pago de pasantías truchas. Aunque no todos los procesos lo tuvieron como imputado, Nanini era la máxima autoridad de una gestión que enfrentaba las acusaciones.
Tristemente, de las tres causas se resolvió solamente una ya que las restantes prescribieron y en ninguno de los casos el ahora funcionario provincial tuvo que enfrentar la instancia de un juicio ni en calidad de acusado ni en calidad de testigo.
La aparición de una deuda por la contratación de los ingenieros civiles Omar Fantini y Oscar Cragnolini podría derivar en una nueva imputación contra Nanini, siempre y cuando el Departamento Ejecutivo actual mejore la presentación que ya hizo ante el fiscal de instrucción José Raúl Almeyda.
Vale señalar que la pavimentación de las calles 132 y 172 se hizo sobre un proyecto de obra que realizaron Fantini y Cragnolini, por pedido del entonces intendente caroyense, durante 2006. Esto lo supo el Ejecutivo actual porque, de hecho, con posterioridad les pidió a los profesionales una corrección del proyecto que luego se elevó a Vialidad Provincial y a la empresa a la que se le adjudicó la pavimentación de las arterias mencionadas.
Lo que aseguran las actuales autoridades es que no sabían de que dicho proyecto de obra nunca había sido pagado. Tampoco hubo una explicación satsifactoria respecto de por qué si el pedido de pago de honorarios ingresó al municipio en agosto de 2009, recién se hizo público un año más tarde, en agosto de 2010. La explicación oficial fue que se demoraron ese tiempo buscando la documentación respaldatoria de la deuda. De ser cierta la especie, se trataría de un caso de burocracia inédita en la historia de la vecina localidad.
Como sea, la obra ya fue realizada y se hizo sobre los planos que dibujaron los profesionales locales lo que daría un derecho a la percepción de honorarios. Lo que el municipio caroyense está discutiendo por estos días es la legitimidad del instrumento que dio origen a la obligación ya que aparecieron dos contratos firmados el mismo día, por las mismas personas, con una serie de defectos en la confección que dejarían a Nanini ante las puertas de una imputación por administración fraudulenta y abuso de autoridad.
En su momento, se argumentó que el proyecto se había solicitado desde Vialidad Provincial, hecho que desmintió rotundamente la repartición provincial. Si dicho proyecto no tenía obligación de formularlo el municipio, la pregunta es por qué se decidió hacerlo y con qué intención.
La deuda tampoco figuró en el acta de transferencia, pese a que el anterior Tribunal de Cuentas (donde estaba el actual secretario de Hacienda) le dio ingreso al contrato, de acuerdo a la información que se colectó en la comisión investigadora.
Esta semana, se presentó a la comunidad el informe correspondiente de la comisión investigadora del Concejo Deliberante con estos nuevos datos que suman una nueva desprolijidad a un gobierno que tuvo entre sus características salientes el escándalo y la irregularidad en muchos de los actos adminstrativos.
Las conclusiones a las que arribó la comisión investigadora
El pasado lunes por la mañana, los ediles de Colonia Caroya que integraron la comisión investigadora dieron a conocer la aparición de nuevas pruebas sobre presuntos delitos cometidos en perjuicio de la Municipalidad en la pretensión de dos ingenieros civiles de cobrar honorarios por un proyecto de obra que culminó con la pavimentación de las calles Marcos Perdía y 132, por un monto superior a los seis millones de pesos.
Los hechos datan de mediados de 2006 cuando los ingenieros Omar Fantini y Oscar Cragnolini hicieron un proyecto de obra y firmaron dos contratos del mismo tenor aunque con diferencias entre ellos, especialmente en lo atinente al pago de la obra donde no quedó claro si era o no el municipio el encargado de “gestionar” ese pago ante la empresa a la que se le adjudicara la obra.
Los contratos tienen todos los defectos administrativos posibles y contrarían el régimen de contratación vigente y la Ley Orgánica Municipal 8102 –vigente en la Municipalidad en ese entonces-, de acuerdo a lo que señaló el asesor letrado externo Guillermo Naum, contratado por los ediles para emitir un dictamen de carácter no vinculante.
Por sugerencia del abogado, el Concejo Deliberante emitió la Resolución 29/10 en la que le formulan al Ejecutivo las siguientes sugerencias: que el municipio se presente como querellante particular, que pida intervención al fiscal de Instrucción Raúl José Almeyda para amplíe la investigación y determine si se está ante un acto en el que el ex intendente Héctor Nanini podría haber incurrido en los delitos de abuso de autoridad (art.248 Código Penal), y administración fraudulenta (art. 173 inc. 7º y 8º, art 174 inc. 5º del C.P). También se le sugirió al Ejecutivo que a través de un decreto ordene la suspensión del pago de los honorarios hasta tanto se investigue la legitimidad de origen del trabajo. Incluso, se sugirió a la Municipalidad que se presente ante el Tribunal de Disciplina del Colegio de Ingenieros para que analicen si los profesionales son pasibles de alguna sanción.
Una catarata de errores
De acuerdo a la prueba que se colectó, hay dos contratos firmados por las mismas personas, en la misma fecha, con el mismo objeto, el mismo precio, en hojas sin membrete oficial, que no llevan sellos de la administración municipal, que no mencionan el acto jurídico que dio nacimiento al contrato (ordenanza, decreto), y que tampoco está firmado por ningún secretario o funcionario que validen los contratos que sí llevaban la firma del ex intendente Héctor Nanini.
Se diferencian entre ellos en la denominación porque un contrato lleva por título contrato de locación de servicios y el otro contrato de locación de obra intelectual. La otra diferencia es que en uno de los contratos se saltean la cláusula cuarta que era la que señalaba la responsabilidad del Departamento Ejecutivo en la gestión del pago de los honorarios del proyecto por parte de la empresa que resultase adjudicataria de la obra.
Una obligación con los vecinos
“En principio hay una comunicación de Vialidad que señala que este trabajo no había sido solicitado por el Departamento de Planimetría. Ellos en virtud de la promesa del gobernador utilizaron el estudio pero no hicieron la verificación in situ. El Colegio de Ingenieros todavía no nos ha respondido al pedido que le formulamos”, comenzó diciendo el presidente del Concejo Deliberante, Amílcar Ñáñez.
Ñáñez añadió que en la documentación colectada también hay dudas sobre la fecha en que se presentaron las otras propuestas que fueron desechadas en su momento por las autoridades.
“El Ejecutivo en ese momento -añadió Ñáñez- no envió al Concejo ningún proyecto para pedir que le autoricen una contratación directa, cosa que podía hacer perfectamente. Creo que así nos hubiésemos evitado este problema. Fundamentalmente, que este Concejo Deliberante toma conocimiento en agosto de 2010, un año después de que se presentaran a cobrar estos profesionales”.
La comisión investigadora señaló que esa demora de un año no obstaculizó la investigación. “Como Concejo Deliberante, no podemos obviar esta información, no podemos dejarla pasar, es obligación nuestra investigar sobre lo sucedido y por qué se dieron estas cosas. Sino seríamos cómplices por omisión y responsables por omisión. Lo que ha hecho el Concejo Deliberante ha sido trabajar dentro del marco de lo que está facultado por ley y la Carta Orgánica Municipal”, concluyó Ñáñez tras pedir que se llegue al esclarecimiento de los hechos.
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