Funciona en los Tribunales locales una oficina que atiende exclusivamente violencia familiar

Desde el 14 de marzo, la doctora Liliana Tarragona es la titular de la Oficina de Violencia Familiar que funciona en el edificio de Tribunales de Jesús María.


En reiteradas oportunidades, este semanario señaló la preocupación en el fuero local por la creciente situación de denuncias sobre violencia familiar que se vienen registrando en el ámbito de jurisdicción de los tribunales locales.
De modo que no resultaría desproporcionado ni alarmante señalar que, desde la apertura de una oficina específica para el abordaje de la violencia familiar el 14 de marzo, se hayan receptado 80 denuncias. De esa cifra, 50 casos fueron motivados por el maltrato.
En promedio, se vienen dando unas cinco denuncias diarias sobre hechos que involucran algún tipo de violencia (económica, moral, psicológica, o física) y cuyas principales denunciantes son mujeres.
Si vale la referencia, el último episodio de violencia familiar que derivó en un desenlace fatal data de hace varios años, cuando el ex marido (de profesión militar) de una mujer  vino a la ciudad para reconquistarla y al encontrarse con una negativa le disparó con un arma de fuego para luego quitarse la vida.
Pero lo concreto es que hay una situación compleja porque los episodios de violencia doméstica se vienen incrementando y las denuncias han posicionado a Jesús María entre las cinco ciudades de Córdoba donde mayor violencia se registra.
“En esta oficina se nucleó la violencia familiar en general, tanto de menores de edad como de mayores, que antes eran receptadas por los jueces José Sartori y Oscar Patat, respectivamente. No obstante, esto depende principalmente del Juzgado Civil porque sobre 90 denuncias, solo una involucra a menores”, explicó Tarragona sobre la interrelación de la oficina con los magistrados locales.
Además de la responsable de la oficina, hay un empleado específico para la repartición y, eventualmente, colaboraciones de los otros juzgados.
“Estoy convencida que en la provincia debemos ser el segundo juzgado con mayor índice de denuncias sobre violencia familiar, detrás de Cosquín”, apreció Tarragona.
Por su parte, el juez Sartori convino en que la normativa que regula la violencia familiar funciona muy bien en países del primer mundo pero, en nuestro caso, se topa con las dificultades por todos conocidas: escasez de recursos materiales, de personal (equipos multidisciplinarios), y de involucramiento del Estado en casos específicos. Sin embargo, su postura estuvo lejos de la queja amarga: “Vamos a ultranza a asegurar el cumplimiento de la ley en la parte que de nosotros depende y que nos lleva, a veces, a encontrarnos con oficios que podrían mejorar si tuviésemos auxilio para brindarle un mejor tratamiento”.
La referencia de Sartori tiene que ver con el acompañamiento a la víctima que supone la ley,  y con el acompañamiento al victimario para que no vuelva a recurrir, entre otros.
El juez estimó que la dedicación que los tribunales tienen para con la problemática, tienen su correlato en que, hasta ahora, no hayan tenido que lamentar hechos de sangre o que preceden de un hecho de violencia que haya sido receptado en los tribunales.
“Planteamos algunas cuestiones con un grado de optimismo, aunque a uno le quede la sensación de que se pudo hacer más. Es una posibilidad más que se nos brinda dentro de la ley contar con una oficina como ésta. Claro que esto es lo que uno vislumbra desde adentro. A lo mejor habría que recoger las expectativas sobre lo que espera la gente cuando se formulan las denuncias”, añadió Sartori.
Tarragona refutó la crítica que en algún momento se le efectuó desde la Municipalidad en el sentido de que la Oficina se habilitó a sabiendas de que contaba con recursos humanos escasos. “Eso no significa que no tengas que abrir la oficina. Seguramente, implicará esforzarse mucho más. Si no tengo equipos técnicos o no tengo equipos de constatación, tengo que sentarme desde que llego hasta que me voy a trabajar, trabajar, y trabajar para que en las audiencias podamos ayudar a la gente”.
Con mucho respeto, los funcionarios judiciales explicaron que el Poder Judicial de Córdoba prevé la posibilidad de formalizar convenios con entidades intermedias (como puede ser un municipio) para que los profesionales municipales puedan hacer un aporte al trabajo de la justicia. La referencia es para con los profesionales de Medicina, Psicología, Nutrición, y Trabajo Social que suelen revistar en las diversas áreas de un municipio. La oficina está en marcha pero hay que sumarle manos para que funcione mejor.

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