Es la primera vez que un funcionario de la jerarquía de un jefe comunal recibe amenazas de grupos vinculados a la venta de drogas. El intendente de Jesús María había hecho pública su preocupación.
No fue por carta ni por teléfono ni tampoco fue en forma anónima y cobarde. Fue de frente, en forma personal, sin ocultar el rostro, y en el mismísimo despacho del intendente, donde dos personas amenazaron a Marcelino Gatica por su denuncia respecto de que el incremento del delito en la zona está vinculado a la expansión del negocio de la droga.
Gatica denunció estas amenazas a la Fiscalía Federal Nº 1 de la ciudad de Córdoba, que preside Enrique Senestrari, el viernes 12 de junio. El fiscal ordenó a la Policía una custodia permanente en el domicilio del intendente.
La noticia trascendió los límites de la provincia y se difundió en los principales medios periodísticos.
“Diariamente -le dijo Gatica a Schiaretti en una carta- recibo en mi despacho el reclamo de vecinos que manifiestan haber dado los datos sobre personas, modalidades y lugares donde se realizan operaciones de venta o entrega de droga”. Y agregó: “Existe instalado en el imaginario social, que en nuestra ciudad hay un alto volumen de situaciones relacionadas a esta actividad ilegal, pero no se conocen resultados en el combate a la misma, en idéntica proporción”.
El jefe comunal jesusmariense solicitó a Schiaretti que, desde el área específica de la Policía provincial, destine personal y medios para actuar en materia de drogas.
Gatica también accionó otros botones y hizo pedidos de colaboración al Ministerio de Justicia de la Nación y al Móvil 3 de Gendarmería Nacional.
El intendente se manifestó preocupado por la situación, particularmente en cuanto afecta el norma desenvolvimiento familiar, y molesto por lo que consideró una infidencia de la Justicia o de la Policía por haber divulgado la información que se denunció en el más estricto secreto.
Las denuncias sobre mayor presencia narco en nuestra zona se profundizaron a partir de octubre de 2007, en las reuniones que los vecinos promovieron a partir de una escalada de hechos delictivos contra la propiedad, en comercios y en casas de familia.
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