La firma de un convenio esta semana entre el Instituto Especial Niño Jesús y el municipio de Jesús María para incorporar a dos mujeres jóvenes a una pasantía laboral de cuatro meses en dispensarios de la ciudad sirvió como disparador para señalar lo que se hizo y lo que falta por hacer en materia de inclusión laboral para personas con discapacidad.
Nuestra legislación no sólo les reconoce el derecho a trabajar sino que, en el caso de la órbita pública, les asigna un cupo. Pero ese derecho sigue costando ejercerlo en el ámbito privado donde el ingreso de personas con discapacidad sigue siendo difícil.
Entre 1985 y 1986, el Instituto Especial Niño Jesús -que en ese entonces no contaba con enseñanza de nivel medio- detectó que las personas con discapacidad que finalizaban sus estudios volvían a sus casas y no hacían nada.
Entonces, comenzaron a trabajar en programas y acciones que les permitieran incorporarlos al mercado laboral. La noticia llegó hasta el ministro de Trabajo, Jorge Sappia, durante la gestión de Eduardo César Angeloz como gobernador, y los convenios comenzaron a tomar forma y tener respaldo.
En los primeros tiempos, a los convenios los firmaban las empresas, el ministro de Trabajo provincial, la escuela, y los padres. Con ese amparo, lograron que algunos de los jóvenes se integren a la Cooperativa de Servicios Públicos, Cabildo, Disco, y la Municipalidad de Jesús María, entre otros. Todo eso les fue dando una experiencia que no siempre fueron exitosas, pero en las que resultó todo bien los mismos empleadores los incorporaron a sus empresas.
Maeli Fagetti, coordinadora del gabinete del Instituto Niño Jesús, además de mostrarse satisfecha por la reciente firma del convenio explicó que para que las pasantías funcionen es vital que las familias de las personas con discapacidad presten su apoyo. Es decir, que a una persona con discapacidad se la evalúa si podrá trabajar en tanto y en cuanto haya un entorno familiar que contenga, además de sus propias condiciones personales.
Desde aquellos comienzos hasta ahora, mucho ha cambiado, pero en materia de inclusión laboral para personas con discapacidad sigue costanto: “Cuesta mucho en el ámbito privado. Hay mucha reticencia a pesar de que nosotros como institución tenemos una cobertura legal que es como una extensión de una actividad escolar donde los chicos salen a realizarla afuera. Quizás esto (la firma del convenio con la Municipalidad) les haga llegar el mensaje a mucha más gente sobre la capacidad que los chicos tienen porque no hay que mirar desde lo que no pueden sino desde lo que tienen que es muchísimo”, señaló Fagetti.
Como pruebas fehacientes de lo que dijo, Fagetti recordó el trabajo que desempeña en el supermercados Disco José María Braida o María del Carmen Luna en el archivo municipal de Jesús María. “Esos son chicos que han salido de la escuela y que el lugar que los receptó fue capaz también de entenderlo desde ese lugar, desde lo que pueden desarrollar que a veces el temor, el no saber, hace que se limiten sus capacidades de darles lugar en el trabajo. Todos ellos tienen derecho a tener un trabajo y a demostrar que pueden hacer muchas cosas”, añadió Fagetti.
La preocupación de la institución sigue siendo cómo lograr que las personas con discapacidad sigan desarrollándose como personas más allá del tiempo que les toca a travesar en la escuela como estudiantes. Y no se habla aquí solamente de la ausencia de oportunidades laborales. Tampoco hay espacios recreativos para ellos.
Yanina Aguirre, subsecretaria de Desarrollo Humano municipal, explicó los alcances del convenio que firmaron con la escuela especial y por el que dos mujeres jóvenes realizarán pasantías de cuatro meses: “Dispusimos dos espacios dentro de los dispensarios de Costanera y Latinoamérica donde van a hacer atención al público, acomodar historias clínicas, realizar llamadas telefónicas”.
“La verdad es que el personal ha tomado con mucha alegría la noticia de que se van a incorporar estas dos personas, prestaron predisposición para ayudarlas e hicieron algunas preguntas sobre hasta dónde se les podrá exigir”, añadió Aguirre. Después de estos cuatro meses, se verá si se pueden extender por más tiempo.
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