Pongámonos un punto de inflexión antes de comenzar: nadie puede estar de acuerdo con un genocidio, ni con la apropiación de recién nacidos, ni con la desaparición de personas. Tampoco se puede estar de acuerdo con posiciones racistas, sexistas, o que discriminen a las personas por su posición económica, por sus características físicas, o su pensamiento religioso.
Hecha esa salvedad, cualquiera tiene derecho a pensar políticamente el lugar donde vive como le plazca. Nadie está obligado a aceptar a rajatabla lo que le viene sugerido desde los partidos políticos, desde las diferentes gestiones, ni desde lo que ofrecen como versión de la realidad los medios de comunicación.
Y la mayor prueba de tolerancia es permitir que los discursos críticos circulen, sin desacreditarlos, sin desmerecerlos, sin utilizar términos agraviantes, y sin censurarlos.
Lamentablemente, no todos los que se dicen tolerantes toleran la crítica. No todos los que dicen propiciar el diálogo lo mantienen. Ni todos los que aseguran que trabajan por la inclusión incluyen.
Una realidad incontrastable es que sigue habiendo en muchos rincones del país -nuestra región no es la excepción- familias en situación de pobreza extrema o de indigencia.
Y cuando circulan los mensajes que esos sectores hacen llegar a la clase política, suele haber represalias contra los demandantes y enojo con los portadores de esas noticias.
Como esos sectores no forman parte del lote de “contribuyentes” difícilmente reciban obras de “contribución por mejoras”. Dicho más fácil, algunos barrios no tendrán pavimento ni cordón cuneta ni gas natural ni cloacas porque no pueden pagarlo.
Pero precisamente la redistribución de la riqueza consiste en que esas obras de infraestructura tan valiosas lleguen a todos sus ciudadanos y, especialmente, a los que no pueden pagarla totalmente, a los que viven en situación de pobreza, en barriadas donde falta de todo y donde el principal ausente suele ser el propio Estado.
La mayor muestra que pueden dar los gobernantes de tolerancia no pasa solo por escuchar las demandas sino también por hacerse el ejercicio de pensar para adentro cada crítica y sacar de esta experiencia de autocrítica una visión diferente para resolver las desigualdades.
En lugar de detenerse a ver lo que se consiguió, sería conveniente ejercitarse en lo que falta, en incrementar la imaginación para resolver eso que damos por hecho: que los pobres existieron siempre y que ésa es una verdad bíblica.
Y respecto del manejo de las cuentas públicas, resulta natural que existan reparos a la manera en que se gastan los recursos y los funcionarios debieran comportarse como lo que son ante los dineros del pueblo: administradores, meros administradores.
Ojalá que en el Estado se cambie la cultura de la eficacia por la cultura de la eficiencia. Que cada peso invertido sea al menor costo y con el mayor beneficio para el pueblo. Que cada recurso se utilice no sobre la base del capricho o del deseo sino de la necesidad, de la conveniencia, de la utilidad para el conjunto. Y que acepten al que piensa diferente. Tolerancia.
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