Solamente con el voto del oficialismo, el Concejo Deliberante caroyense sancionó la ordenanza que habilitará al Departamento Ejecutivo a instrumentar en todo el ejido municipal la obligatoriedad de realizar periódicamente una Inspección Técnica Vehicular para los automóviles, motocicletas, camiones y acoplados.
El intendente Luis Grión estaba en Buenos Aires cuando se realizó la aprobación, pero desde allí señaló que iniciará una ronda de consultas con sus pares Carlos Ciprián y Gabriel Frizza para unificar criterios regionales sobre este sistema.
Más allá de eso, los concejales opositores interpretaron que se está creando un nuevo tributo y, por ese motivo, para la aprobación de la norma hubiese correspondido doble lectura, audiencia pública, y el voto de la mayoría agravada de los concejales, tal como establece la Carta Orgánica Municipal.
La presidenta del Concejo Deliberante, Cecilia Della Casa, se mostró sorprendida por la negativa de los bloques del Frente Cívico y de Unión por Caroya ya que -señaló- en reuniones de comisión habían acordado la inclusión del decreto reglamentario como parte de la ordenanza y se dejó aclarado el mecanismo a través del cual se llamará a concurso de oferentes para quienes estén en condiciones de prestar el servicio.
La negativa a aprobar esta norma se conoció mucho antes de que comience la sesión del miércoles pasado. Allí, por ejemplo, la concejala Fernanda Prosdócimo había anticipado en las redes sociales su posición: “Nuestro voto como frente Civico va a ser negativo, no porque desconozca la Ley Nacional que asi lo exige, pero creo que debemos pensar y tomar conciencia que significara una tasa mas para el ciudadano, y no estoy convencida de que esta implementacion disminuya los accidentes de transito ni mucho menos, ya lo hemos podido comprobar en otros municipios que lo habian implementado con anterioridad. Creo que el fin del mismo es recaudatorio y no preventivo”.
También el bloque de Unión por Caroya había adelantado lo que, finalmente, utilizó como argumento para pronunciarse en contra durante la sesión del pasado miércoles: “Bajo el “ropaje” de buscar reducir la tasa de siniestros en esta ciudad, se está “inventando” un nuevo tributo que deberán afrontar los vecinos en forma periódica a partir del año 2013. Estamos en presencia de una nueva forma de sacarle plata al vecino, para algo que todavía no se ha implementado en la mayoría de las ciudades de nuestra Provincia, y mucho menos de nuestra región. Detrás de esto habrá un negocio millonario, montado a expensas del esfuerzo de nuestros vecinos, quienes tendrán un nuevo gasto adicional a partir del año 2013”.
“Desde nuestra óptica resulta totalmente ilegal, abusiva, arbitraria, inconstitucional, contraria al interés general del pueblo caroyense, y nula de nulidad absoluta”, señaló el bloque en su escrito en el que adelanta su decisión de acudir a la Justicia si fuese necesario.
Inicialmente, la fecha para que comience el servicio se había previsto a partir del primero de enero de 2013, pero habrá que ver cómo se acuerda con los municipios vecinos la implementación y qué tiempo de adecuación de instalaciones se les otorga a los talleres mecánicos locales para poder prestar el servicio.
Por otra parte, el oficialismo no consiguió convencer a ningún opositor de que autoricen al Ejecutivo a contraer un crédito con el Banco Patagonia para la realización de algunas obras públicas.
Para que la toma del crédito sea posible, se necesitaban los votos afirmativos de las tres cuartas partes del Concejo Deliberante, cosa que no sucedió ya que la votación terminó cinco votos afirmativos contra cuatro negativos.
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