Nadie enarbola un proyecto para fracasar en él. Eso está claro, pero tampoco para dilatarlo en el tiempo de tal modo que su concreción sea cada vez más difícil.
En ese sentido, hay que reconocer que hubo algunos avances sobre la materia accesibilidad, pero el liderazgo del municipio sobre el tema no se nota y cuando aparece la palabra “accesibilidad” lo hace colada por la ventana y no como parte de la agenda de gestión.
En abril de 2010 gobernaba la ciudad Marcelino Gatica y le dio el visto bueno a su director de Calidad de Vida, Diego Almada, para que avance con el proyecto. Excepto Gatica, cuya gestión expiró el 10 de diciembre de 2011, el resto de los funcionarios están todos. Con distintas funciones jerárquicas, distintos cargos, y responsabilidades, pero están todos.
De modo que debe suponerse que tienen capacidad para retener memoria de corto plazo y recordar que hace casi dos años todas las áreas se comprometieron a llevar adelante el proyecto.
Lo que se sucedió después del lanzamiento del programa fueron una serie de eventos sueltos, movilizadores, especiales para impulsar a la comunidad a trabajar por el tema. Vino Mundo Alas, después el bailarín en silla de ruedas Demián Frontera. Vino el licenciado en Psicología Eduardo Bernasconi, otros profesionales del gobierno provincial. Y hasta se hicieron obras de accesibilidad (rampas, principalmente) en el recorrido que va desde la terminal hasta el Festival de Doma. Y desde entonces... ¡mutis por el foro!.
Lo que sucede después es que cuando el tema aparece lo hace con virulencia, generando enfrentamientos, discusiones, enojos, peleas.
Y eso fue lo que pasó durante febrero cuando una mujer que tiene un hijo con discapacidad volvió a solicitar al municipio de Jesús María la compra de un vehículo para transportar a personas con discapacidad, gestión que se había realizado sin ningún éxito con el gobierno anterior.
La situación derivó en la entrega a las autoridades municipales de un petitorio con ¡1400 firmas! de vecinos de la ciudad en la que se pide la adquisición del transporte por parte del municipio. Una unidad de traslado para personas con discapacidd tiene un costo en el mercado cercano a los 200 mil pesos. Y el municipio debiera hacerse cargo del combustible, del personal para manejar la unidad, y del pago de los impuestos y del seguro.
Es probable que el rédito político por esa operación sea nulo en términos masivos pero lo es en términos humanos por atender a un sector de la comunidad -general y largamente- postergado.
Erróneamente, se piensa en que la construcción de un “edificio” donde se atienda la problemática de la discapacidad es la solución, cuando se trata solamente del principio. El desa-fío no es integrar sino incluir.
Las estadísticas señalan que entre un 8 y un 11 por ciento de los vecinos de la ciudad tienen algún tipo de discapacidad. En Jesús María hay unas 3500 personas con discapacidad para las cuales existen muchas barreras que les impiden sentirse “incluidas”.
En ese universo, hay ciegos, sordos, personas con lesiones cerebrales y síndrome de down, personas con dificultades motrices, que usan sillas de ruedas, bastones, muletas, caminadores, por mencionar las más frecuentes.
Hasta hace poco, a la discapacidad la diagnosticaban, la trataban, y la “gobernaban” los médicos. Hoy se sabe que la discapacidad incluye un diagnóstico pero no se reduce a él ni tampoco a una definición.
Todavía hay familias con esperanzas de que Jesús María sea “accesible”, que sea inclusiva, que permita que todos sus miembros accedan a los servicios básicos.
Padres que esperan
En un tramo de su discurso de apertura de las sesiones del cuerpo de ediles de Jesús María, Gabriel Frizza, anunció la creación del “Programa de Transporte Solidario” que tendrá como objetivo facilitar el traslado de personas con discapacidad, de escasos recursos, sin posibilidades de desplazarse con el sistema público de pasajeros, residentes en la ciudad de Jesús María, desde sus domicilios hasta los centros educativos y de Rehabilitación.Se trata de una petición que elaboró un conjunto de padres hace varios años y que no tuvo eco en la gestión anterior. Es la misma petición que presentaron recientemente ante el municipio acompañada de 1400 firmas.
Tras el anuncio del intendente, sobrevolaron las preguntas. ¿Cuándo comenzará el programa? ¿Con qué unidad de transporte lo harán?. La duda es que siga postergándose la adquisición de la unidad porque muchas familias sobrellevan la dificultad de que en los transportes públicos (colectivos, remis, taxis) no están preparados para el transporte con sillas de ruedas y muchos no cuentan con vehículos familiares adaptados para ello.
“La rehabilitación es tres veces por semana, el colegio todos los días. No se puede esperar mucho tiempo más porque para muchas de nosotras es urgente”, señaló una mamá que prefirió reservar su identidad.
“Para el que no tiene en la familia, una persona con discapacidad, son invisibles y por ese motivo no rinden electoralmente”, graficó otro papá.
Muchos prefieren mantenerse en el anonimato porque un enfrentamiento con las autoridades les añade más dificultades a las que ya sobrellevan con un familiar con discapacidad.
Otros no. El ejemplo histórico lo brindaron Blanca y Carlos Paz que se cargaron al hombro el Centro de Rehabilitación al Discapacitado (CIC) hasta su desaparición. Más recientemente, Patricia Yamati ha sido una de las que con mayor vehemencia ha exigido para su hijo los derechos que le corresponden como ciudadano.
Las respuestas que Yamati viene recibiendo no son precisamente amables y ha logrado crisparle los nervios a más de un funcionario. Pero son esos padres -los que se animan a dar la cara- y los que luchan en silencio los que pretenden una apertura de la sociedad para empezar a pensar la ciudad en términos de accesibilidad.
Ejemplos sobre lo que se podría hacer, sobran. En primer lugar, culminar con las rampas en todo el centro y hacerlas como corresponde sin salto. Generar estacionamientos para discapacitados en lugares que no tengan pendiente como el que está sobre la plaza San Martín (crear otros, además).
En los espectáculos públicos y gratuitos organizados por el municipio, generar un corralito para que las personas con sillas de ruedas puedan disfrutar del evento.
Poner agentes de la Guardia Urbana a controlar que los negocios que ocupan la vereda dejen los espacios suficientes para que se trasladen personas con sillas de ruedas.
Y después, podrían empezar por cumplir lo que se prometieron a sí mismos sin que nadie los obligue. Citando el proyecto original por áreas.
Secretaría de Gobierno: incrementar el control del cumplimiento de las ordenanzas vigente para que no haya mesas que obstruyan la circulación en veredas, toldos verticales con una altura inferior a los 2,10 metros, toldos horizontales, elementos sobresalientes o no permitidos en veredas. Construcción de un baño para discapacitados en la Terminal de Ómnibus, y comprometer a las empresas de transporte para que cuenten con vehículos adaptados.
Secretaría de Desarrollo Urbano. Proyecto para modificar el Código de Edificación vigente donde se exijan condiciones de accesibilidad, además del establecimiento de un espacio “accesible” que se acondicione con todos los accesorios necesarios (juegos, cartelería, sistema braile) y de un circuito accesible en espacio a definir. Sigue pendiente el compromiso de transformar en accesible la cuadra donde se encuentra el Complejo para la Discapacidad (COPADI).
Dirección de Cultura y Deportes. Realización de un espectáculo semestral vinculado a la accesibilidad, más la difusión en la agenda de turismo de comercios accesibles, y difusión a través de la página web.
Dirección de Recursos Tributarios. Premiar a las empresas accesibles.
Todas esas propuestas ingresaron en etapa de diagramación a fines de abril de 2010, pero siguen sin plazo de ejecución ni presupuesto para ejecutarlas.
Res non verba, dice el dicho latino. A buen entendedor, pocas palabras.
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