El actual Concejo Deliberante de Colonia Caroya ingresó el proyecto de presupuesto y tarifaria para 2012, pero aún no aprobó la primera lectura de ambas normas. Vale recordar que se trata de proyectos que llevan doble lectura y entre medio de ellas una audiencia pública en la que los vecinos pueden hacer sus observaciones.
Todo ese proceso demanda, como mínimo, 30 días, razón por la que se excederían del plazo vigente en sus mandatos ya que concluyen el 10 de diciembre. Todo esto hace suponer que podrían aprobar solamente la primera lectura de los proyectos y dejar el pedido de audiencia y la aprobación en segunda lectura para el Concejo Deliberante próximo.
De paso, se sacarían el lazo sobre la ordenanza tarifaria que establece incrementos promedio del 28 por ciento en las tasas y contribuciones para el ejercicio 2012.
Sobre lo que no quieren dejar librados aspectos para el futuro cuerpo de ediles es sobre el proyecto de la Impositiva que ingresó el Ejecutivo a mediados de octubre y al que se le formularon varias observaciones.
Mario Rojas, en representación del Frente Cívico, señaló que viene trabajando en su condición de concejal saliente con los concejales que representarán a su partido y corregir lo que a su criterio habría que pulir para no dejar lugar a ambigüedades administrativas.
Por eso, durante la sesión del pasado miércoles por la noche, formuló ante sus colegas las observaciones pertinentes.
Constituidos en Comisión de Hacienda, los concejales tomaron nota sobre la propuesta de reescritura de los artículos 50, 51, 52, 53, 57 que hacen referencia a la forma de cancelación de obligaciones con cheques, los planes especiales de pago, la condonación de multas, recargos e intereses, los casos especiales, y las facilidades de pago.
Para formular muchas de las observaciones, Rojas señaló que se basó en el criterio del Código de Procedimiento de la Provincia. También se valió de la ordenanza 1198/99 que estableció un regimen de procedimientos administrativos que nunca se puso en práctica y que fueron vetados por el entonces intendente Héctor Nanini.
Incluso, añadió un artículo 105 bis al proyecto normativo en el que se especifica cómo deben ser las notificaciones administrativas.
Según Rojas, la mayoría de las correcciones hechas al proyecto de Impositiva para 2012 fueron consensuados y consentidos por la contadora Beatriz Coseani, actual secretaria de Finanzas municipal.
Las dudas sobre el presupuesto
De inmediato, y como segundo punto de su exposición, el concejal Rojas se refirió al proyecto de presupuesto para 2012 del que se desprende que hubo un cálculo exagerado de parte de las futuras autoridades respecto de lo que será el recupero de deuda.
Para el concejal vecinalista y del Frente Cívico, el ejercicio 2012 está “inflado” en unos 14 millones de pesos. Para señalar eso, se basó en lo presupuestado en ejercicios anteriores en los ítems recupero de deuda de Tasa a la Propiedad, Tasa Comercial, e Impuesto al Automotor.
En esos ítems, y comparando el presupuesto 2011 con el 2012, el municipio estimó que cobrará un 347 %, un 570 %, y un 430 % más, respectivamente. Una hipótesis de trabajo bastante poco probable, según señaló el concejal.
Para Rojas, el problema mayor se centra en que a cada peso ingresado de más en un presupuesto inflado le corresponde un peso egresado, hecho que podría poner en riesgo las finanzas. De todas maneras, quedó claro que es una facultad del Ejecutivo elegir un modelo de presupuesto más “holgado” o más “austero” y no constituye ninguna irregularidad trabajar con alguno de los dos modelos.
Los principales ítems
Como una introducción al proyecto de presupuesto que elevó el Ejecutivo y que lleva la firma del intendente Rodolfo Visintín y de Beatriz Coseani, se añadieron algunos datos de bienes comunes con los que trabaja el municipio a diario y el incremento en los precios que experimentaron, por ejemplo, cemento, ladrillos, azúcar, aceite, gasoil, cubiertas, remedios.
Con esa información justificaron el incremento promedio de tasas en un 28 por ciento y que el presupuesto haya alcanzado la cifra de 59,5 millones de pesos. De ese monto, 26,9 millones se aplicarán al pago de remuneraciones al personal municipal y la planta política y electiva de la ciudad. Con la ejecución real del presupuesto, esa erogación implica destinar el 64 por ciento de los recursos totales del municipio al pago de salarios. Con el 36 por ciento restante, se tienen que prestar los servicios y hacer obras públicas.
Por ese motivo, para muchas de las obras públicas que encarará la Municipalidad durante 2012 se previeron ingresos de los gobiernos de Córdoba y de la Nación y del uso del créditos del Fondo Permanente de Financiamiento a los municipios. En el detalle de obras, se contabilizan cordón cuneta, pavimento, desagües, captación de agua, y riego, entre otros.
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