En un caso, hubo fallo favorable para la administración. En otro, la Justicia no habilitó la instancia de discusión en los tribunales en lo Contencioso Administrativo.
De un tiempo a esta parte, se viene derribando el dicho que asegura que los municipios siempre terminan pagando las causas laborales iniciadas en su contra. Por lo menos, así sucede con Jesús María que ya ganó varios juicios instados por ex agentes y también por agentes en actividad.
Las últimas noticias judiciales conocidas tienen que ver con dos planteos por cifras millonarias contra la administración. En el primero de ellos, 44 ex agentes municipales formularon, oportunamente, reclamos administrativos porque en el básico no se incluyen todas las sumas que componen la remuneración, hecho que repercute negativamente a la hora de la jubilación. El planteo era que el municipio debía pagar esa diferencia entre el haber en actividad y la jubilación.
Muchos de esos reclamos ingresaron en lo que se conoce como “perención de causa” porque no fueron instados por quienes reclamaban. En ese contexto, los 44 agentes iniciaron una demanda contencioso administrativa.
El fiscal de esa Cámara opinó que no había que hacer lugar a la demanda, tras evaluar que los demandantes no cumplían con los requisitos exigidos en el Código Contencioso Administrativo porque no acreditaron el derecho subjetivo que alegaron.
La Cámara tomó el dictamen del fiscal y siguió su concejo con lo que no admitió la demanda. Esto no quita que esos 44 agentes formulen la demanda en otros términos y se admita, proceso que después habría que acreditar en un juicio.
¿Industria del juicio?
Ricardo Beccarini, agente municipal jubilado, ya tuvo cuatro juicios en contra de la Municipalidad y el resultado de sus demandas fue dispar: algunas veces ganó y otras no.
Inició reclamos por bonificación de antigüedad cuando se jubiló, por una recategorización en la época de los decretos que declaró nulos Jorge Colombo de su antecesor Lucas Torres, por permanencia en la categoría y calificación de acuerdo a la ordenanza 492, y por una recategorización automática que le hubiese correspondido en el 2002 y que no se le otorgó. Estos dos últimos reclamos fueron resueltos durante el gobierno de Marcelino Gatica y favorables a la Municipalidad.
Bajo el patrocinio de los abogados Fernando Peralta Nápoli y Mariana Ispizua, la administración ya obtuvo resoluciones favorables en un total de 18 juicios iniciados por agentes o ex agentes municipales. Si hubiesen prosperado esos juicios, el municipio debiera haber erogado 1,9 millón de pesos. Sobre las últimas dos instancias, aún no hay monto estimado pero son un alivio para los vecinos porque, en definitiva, el dinero que paga el municipio es de los contribuyentes.
Desde 2005 a la fecha, la Asesoría le generó ingresos a la administración por 718,208 pesos con el siguiente detalle: en 2005 ingresaron 176.855 pesos; en 2006, 223.488; en 2007, 148.721; en 2008, 104.335; y en lo que va de 2009, 64.806 pesos.
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